Acuerdos “en la medida de lo posible”

A partir del 21 de diciembre de 2015 (día siguiente a las elecciones generales), todos y todas los empleados públicos percibirán un salario mínimo mensual de 3.618 €, en 14 pagas; vendrán una hora diaria a trabajar, si les apetece, y cobrarán por conceptos retributivos que el Tribunal de Cuentas ha declarado ilegales. También podrán consolidar puestos de trabajo que no están aprobados en los Presupuestos Municipales del año 2016, porque el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha salido del rescate a que se había sometido por Acuerdo de Pleno, y ya no tendrá que reducir anualmente el 5% del Capítulo uno (salarios) a que estaba obligado. Tampoco tendrá que abonar los intereses + el capital de la deuda que los anteriores rescates financieros acumulados le exigían.

El Convenio Colectivo (que los tribunales de justicia han declarado ilegal) se reedita, y ya no hay que registrarlo para que la autoridad laboral o la administrativa lo fiscalice.

¡Ah!, y se abonará el 50% de la paga robada durante el primer cuatrimestre… del año catapún.

Todo esto se irá haciendo “en la medida de lo posible”, y “si la normativa estatal impidiera la aplicación de algunos de los puntos”… se aplicará como se ha aplicado en el cuatrienio anterior.

Si piensas que todo esto no es real, quizás deberías preguntarte cuáles son las razones que empujan al Equipo de Gobierno a informar de mala fe y publicitar acuerdos que los firmantes saben que son prevaricación pura y dura.

Se trata exclusivamente de declaraciones de propaganda electoral que el Partido Popular obliga a quienes tienen que pagar facturas, a los viejos y los nuevos firmantes, esos como UPM que nos han estado machacando cuatro años con su “apoliticismo”, con su estar en contra de “negociar” en los despachos, con su obligación de firmar el convenio para “poder” estar en las comisiones de control aunque “no estén de acuerdo”.

La vida nos enseña que los “apolíticos” se asocian con lo peor de la derecha, con la disminución de los derechos democráticos de la plantilla y de la sociedad.

Pero esta pretensión de acabar con el derecho a la negociación colectiva, con pseudoacuerdos secretos al margen de las normas formales establecidas, no resalta la fortaleza de un gobierno, sino su debilidad y su descrédito. En definitiva, el fin que persigue esta infamia es engañar a aquellos a los que llevan 8 años prometiéndoles  cosas que no está en su mente cumplir, engañar a sus correligionarios, e intentar mantener otros cuatro años de “promesas y palabra”… si les ha ido tan bien, ¿por qué cambiar ahora?

Hay que reconocer que en el arte de la palabrería son doctores, pero la realidad es más tozuda que la propaganda: en enero vienen las rebajas, la imposibilidad y la “normativa estatal” que exige un nuevo plan de ajuste.

Romper las reglas del juego en la negociación persigue judicializar las relaciones laborales, y así tener la excusa para señalar falsos culpables cuando las deudas y los impagos sustituyan a las promesas.